Limitaciones para la implementación de acciones de mitigación de emisiones de gases de efecto de invernadero (GEI) en sistemas ganaderos en Latinoamérica

Ricardo González, María Solange Sánchez¹, Ngonidzashe Chirinda, Jacobo Arango, Diana María Bolívar², Daniel Escobar, Jeimar Tapasco y Rolando Barahona Rosales²

Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT. Km 17 recta Cali - Palmira, Colombia
¹ Compañía Nacional de Chocolates, Grupo NUTRESA, Rionegro, Antioquia
² Departamento de Producción Animal, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín
rgqg12@gmail.com

Resumen

A nivel mundial, la ganadería es responsable del 18% de las emisiones de gases de efecto de invernadero (GEI) y la deforestación tropical aporta aproximadamente entre un 20 – 25 % de dichas emisiones. En Latinoamérica, la producción ganadera de carne, leche y doble propósito es una de las principales actividades agrícolas con una importante huella ambiental. Por lo tanto, es necesario identificar alternativas de producción para aumentar la productividad de estos sistemas y optimizar su utilización de recursos naturales y de energía. Los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), las Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMAs, por sus siglas en inglés) y los mecanismos para reducir emisiones por deforestación y degradación de los bosques (REDD por sus siglas en inglés), fueron establecidos con el fin de que los países en vías de desarrollo lograran los objetivos de reducción de emisiones en diferentes sectores productivos. Una herramienta que permite identificar acciones de mitigación y reducción de emisiones de GEI es el Análisis de Ciclo de Vida (ACV), que permite cuantificar y evaluar el uso de los recursos naturales y los impactos ambientales asociados a un producto o servicio, incluidos aquellos del sector ganadero.El objetivo de este artículo es discutir para los países latinoamericanos: (a) las políticas y normativas existentes enfocadas a disminución de emisiones de GEI en el sector ganadero; (b) los mecanismos disponibles que pueden contribuir a fomentar el desarrollo de prácticas de mitigación de GEI; y (c) las experiencias existentes en la implementación de medidas de mitigación de GEI en el sector ganadero. Se realizó una búsqueda en las bases de datos Scopus, ScienceDirect, Scielo y Redalyc las cuales contienen revistas indexadas, se consultaron motores de búsqueda como Google y Google Scholar, al igual que bases de datos de diferentes organizaciones y entidades. Esta búsqueda permitió identificar 1728 artículos de los cuales se seleccionaron 32, en los motores de búsqueda se seleccionaron 53 documentos y la revisión en las bases de datos de las organizaciones y entidades arrojó 54 documentos relacionados con agricultura y ganadería.

La mayoría de países latinoamericanos no cuentan con políticas, normativas o programas de mitigación y adaptación al cambio climático específicos para el sector agropecuario. Los MDL, las NAMAs, los proyectos REDD+ y los pagos por servicios ambientales (PSA) son mecanismos que permiten el desarrollo de prácticas de mitigación de GEI. Sin embargo, su implementación en el sector ganadero latinoamericano es baja. Se han desarrollado algunos proyectos que reportaron estrategias para disminuir las emisiones de GEI. Sin embargo, estos no están articulados a programas de mitigación y adaptación al cambio climático. El ACV para el sector ganadero latinoamericano no ha sido ampliamente utilizado como herramienta de cuantificación de emisiones e identificación de medidas de mitigación de GEI.

Palabras claves: Análisis de Ciclo de Vida, Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación, Impacto Ambiental, Mecanismo de Desarrollo Limpio, Pago por Servicios Ambientales, Protocolo de Kyoto, REDD+

Limitations to implementing greenhouse gas mitigation actions in livestock systems in Latin America

Abstract

Livestock is responsible for 18% of worldwide greenhouse gases (GHG) emissions and the tropical deforestation contributes a 20 – 25 % of these emissions. The common livestock production systems in Latin America include meat, milk and dual purpose (both meat and milk) systems, which all have significant environmental footprints. The Clean Development Mechanism (CDM), the Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) and the reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD) mechanisms were established as instruments that enable developing countries to synergistically achieve their emission reduction targets through different sectors of the economy. Useful tools in the identification and exploration of GHG reduction actions are Life Cycle Assessments (LCA). The LCA method makes it possible to quantify and evaluate the environmental impacts associated with natural resource use. This paper aims to a)identify knowledge gaps regarding existing policies and legislation focused on reducing GHG emissions in the livestock sector Latin American countries, b) available mechanisms that could foster the development and c) adoption of management practices with GHG mitigation co-benefits, were evaluated. A systematic search was performed in several data bases including Scopus, ScienceDirect, Scielo and Redalyc which contain indexed journals. In addition, search engines like Google and Google Scholar and data bases of different organizations and entities were also consulted. The search for papers in indexed journals yielded a total of 1728 articles of which 32 were selected, in the search engine 53 papers were selected and the literature review in the databases of organizations and entities yielded 54 documents related to agriculture and livestock.

Using available literature we observed that most Latin American countries do not have policies, regulations or programs specific to climate change mitigation and adaptation in the agricultural sector. On the other hand, while CDM, NAMAs, REDD+ projects and Payment for Environmental Services (PES) are mechanisms that could contribute towards low-emission development, their implementation in the Latin American livestock sector is low. We conclude that, to meet emission reduction targets, countries in Latin America need more innovative policies that create an enabling environment, and incentivize adoption of management practices with mitigation co-benefits.

Keywords: Clean Development Mechanism, Environmental Impact, Kyoto Protocol, Life Cycle Assessment, Nationally Appropriate Mitigation Action, Payment for Environmental Services, REDD+

Introducción

Se estima que el sector ganadero a nivel mundial es responsable del 18% de las emisiones de gases de efecto de invernadero (GEI), del 37% de las emisiones de metano(CH₄) y del 65% de las emisiones de óxido nitroso (N₂O) (FAO 2013a,b; Kirby et al 2008, Steinfeld et al 2006). La producción de carne, leche y doble propósito es una de las principales actividades agrícolas en Latinoamérica, caracterizada por un alto número de animales y  el uso de sistemas de pastoreo extensivo, con huella ambiental. Es necesario que la producción pecuaria se haga considerando las condiciones de calidad que demanda el mercado y cumpliendo también con los requisitos de responsabilidad social y ambiental (Murgueitio et al 2015), por lo que se deben identificar alternativas para aumentar su productividad y mejorar su utilización de recursos naturales y de energía. Al ser una de las fuentes principales de GEI y una actividad fundamental en los sistemas rurales de la región, alcanzar estas metas es un elemento fundamental para la política climática global.

Los bosques albergan alta biodiversidad y son sumideros de carbono (Gibbs et al 2007). La deforestación tropical aporta aproximadamente entre un 20 – 25 % de las emisiones de GEI a nivel mundial (van der Werf et al 2009; Houghton 2005). En Latinoamérica, es habitual que los bosques se consideren como tierras improductivas, siendo las tierras agrícolas comúnmente percibidas como más valiosas (Rudel 2005). El potencial económico de la expansión agrícola ha recibido gran atención en gran parte de Latinoamérica, por lo que numerosas estrategias (títulos de tenencia de tierras, concesión de créditos blandos para agricultura, infraestructura vial) han sido desarrolladas para promover el desarrollo de las fronteras agrícolas y la subsecuente colonización de los bosques (Lopez y Valdes 2000). La extensión de la frontera agrícola y ganadera puede ser la principal causa de la deforestación en los trópicos (Geist y Lambin 2001). En un estudio que incluyó a 16 países en África, Asia y Latinoamérica, la agricultura se identificó como el principal conductor de la deforestación (Wollenberg et al 2011).

El Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), estableció el Comercio Internacional de Emisiones (CIE), la Implementación Conjunta (IC) y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) para que las inversiones en mitigación del cambio climático ocurrieran en el lugar o país donde la costo-efectividad de las mismas fuera la mayor posible (PNUMA 2015a). En base al principio de responsabilidad común pero diferenciada, la responsabilidad taxativa de mitigar el cambio climático recaería sobre los países desarrollados (países Anexo B), mientras que los países en vías de desarrollo (países No Anexo B) no tendrían responsabilidades cuantificables. Sin embargo, se permitiría que proyectos de mitigación en países No Anexo B, se contabilizarán dentro de las responsabilidades de los países Anexo B, en caso de existir un acuerdo de cooperación.

En particular, el MDL tiene como meta ayudar a estos países a alcanzar sus metas de desarrollo sostenible a través de la promoción de inversiones ambientalmente amigables con el apoyo de los gobiernos y países desarrollados (PNUMA 2015a). Sin embargo, actualmente ha decaído la efectividad del protocolo de Kyoto y los MDL, debido a una reducción en la participación de los diferentes países, la laxitud de los compromisos y la lentitud en la ratificación de la enmienda adoptada en la Conferencia sobre el Cambio Climático de Doha 2012, que confiere existencia formal a un nuevo periodo de compromiso (Tudela 2014). Adicionalmente, los mercados de carbono, derivados del protocolo, se derrumbaron por exceso de oferta y abatimiento de la demanda, sobre todo europea, esta última determinada, principalmente por la crisis financiera internacional (Tudela 2014). Mientras en 2008 los Certificados de Reducción de Emisiones (CREs) alcanzaron 23 Euros por tonelada de CO₂, en el 2013 estos CREs eran casi nulos (World Bank y Ecofys 2013). Esta combinación de factores ha hecho que la adopción de los MDL vaya en decaimiento y a la par, a que se adopten mecanismos o conceptos diferentes para lograr los actuales objetivos de reducción de emisiones de GEI.

Es necesario resaltar que en los países del trópico latinoamericano, las políticas públicas y normativas enfocadas a reducir las emisiones de GEI en el sector agrícola son pocas (FOMIN y BNEF 2013). Esto ha generado baja adopción de alternativas productivas más eficientes y medidas de mitigación de emisiones de GEI que permitan mejorar parámetros productivos y disminuir la presión sobre los recursos naturales (Nardone et al 2010). Una de las estrategias que ha recibido mucha atención en Latinoamérica luego del decaimiento de los MDL, son las Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMAs, por sus siglas en inglés), que se enmarcaron en el Plan de Acción de Bali en 2007 para renovar el papel de los países No Anexo B en las metas de mitigación. Las NAMAs son un conjunto de acciones propuestas independientemente por los países en vía de desarrollo que conducen a reducir las emisiones de GEI de una manera medible, reportable y verificable, por debajo del nivel que resultaría de seguir haciendo las cosas como hasta ahora (escenario Business As Usual - BAU).

Las NAMAs hacen parte de la estructura generada por la CMNUCC y el Protocolo de Kyoto, y surgen de la necesidad de cerrar la brecha entre los actuales compromisos del Protocolo y las proyecciones de emisiones, además de equilibrar las responsabilidades dados los altos niveles de emisión que países No Anexo B presentan hoy en día (Olsen et al 2009). Contrario a lo que ocurre con los MDL, las NAMAs no indican que actividades son susceptibles de ser aceptadas por la CMNUCC, con lo que no existen restricciones sobre qué proyecto puede ser catalogado como NAMA. Al no contar con procedimientos establecidos para desarrollarlas, se pueden catalogar como NAMAs proyectos muy específicos como también políticas sectoriales, programas nacionales u otros. Otra diferencia sustancial es que la reducción de emisiones obtenida a través de las NAMAs no será transferida a los países desarrollados como forma de cumplir con sus propias metas de reducción.

Los mecanismos para reducir emisiones por deforestación y degradación de los bosques(REDD por sus siglas en inglés) fueron inicialmente propuestos por la “Coalition of Rainforest Nations” en Montreal 2005. En Bali 2007 fueron establecidos cinco elementos de REDD+ con el objetivo de reducir emisiones por deforestación y degradación de bosques (REDD) “mas” tres elementos adicionales: conservación, manejo sostenible de los bosques y aumento de las reservas de carbono en bosques (Parker et al 2009). En el texto de REDD+ que surgió en Copenhaguen 2009, finalmente establecido en Cancún 2010, se alienta a todos los países a participar en actividades encaminadas a detener y revertir la pérdida de bosques (UNFCCC 2011). En el “Marco de Varsovia para REDD+” se incluyeron siete decisiones que complementan el “Libro de Reglas REDD+” establecido en anteriores Conferencias sobre el Cambio Climático, y una guía para su implementación (UNFCCC 2013). Se espera que la inclusión de REDD+ en un protocolo post-Kyoto sea una alternativa para que los países desarrollados compensen sus emisiones, en caso de no alcanzar sus objetivos de reducción, al comprar las emisiones evitadas mediante los proyectos REDD+ llevados a cabo en los países en vías de desarrollo (Galiani et al 2013).

En las últimas dos décadas, el Pago por Servicios Ambientales (PSA) se ha convertido en una estrategia para proteger los servicios ecosistémicos y mitigar el cambio climático a través de proyectos REDD (Arriagada et al 2015; Pattanayak et al 2010). Los programas PSA, “que son acuerdos voluntarios entre al menos un vendedor y un comprador de un servicio ambiental definido”, realizan transferencias financieras a los poseedores de tierras, condicionándolos en la adopción de prácticas que pueden generar servicios ecosistémicos (Wunder 2008; Engel et al 2008). Los PSA pueden contribuir a incrementar el bienestar y calidad de vida de las personas que participan en los proyectos, por lo tanto, algunos países en vías de desarrollo los han incorporado en sus estrategias de desarrollo rural (Muradian et al 2010; Robalino and Pfaff 2013). REDD+ ha sido descrito como el experimento más grande de PSA (Corbera 2012). El PSA enfrenta los mismos asuntos que los proyectos REDD+ y por lo tanto se podrían obtener lecciones valiosas para la implementación exitosa de REDD+ a partir de experiencias con proyectos de PSA en todo el mundo, incluidas las consideraciones contractuales entre los compradores y vendedores del servicio ambiental (Fortman et al 2014).

El primer paso para determinar la potencialidad de un sistema productivo debe ser la cuantificación de su impacto ambiental usando factores de emisión de GEI adecuados (Rivera et al 2014; Murgueitio et al 2011). En el caso de Inventarios Nacionales de GEI, estos son establecidos siguiendo las directrices del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC; IPCC 2006) y aunque no son un instrumento de política, proveen soporte para las políticas nacionales de mitigación, estableciendo líneas base de emisiones por sectores e identificando posibles vías de reducción de las mismas (Smith et al 2007). Otra metodología para cuantificar y evaluar el uso de los recursos naturales y los impactos ambientales asociados a un producto o servicio es el análisis de ciclo de vida (ACV; Zhang 2015). En los últimos 20 años, el ACV se ha venido implementando a nivel mundial en el sector ganadero para identificar y cuantificar los impactos ambientales que generan estos sistemas productivos (Chatterton et al 2015; Coderoni et al 2015; Ruviaro et al 2015; Weiler et al 2014). Los principales impactos ambientales cuantificados en estudios de ACV son: uso del suelo, uso de energía no renovable, eutrofización, acidificación y potencial de calentamiento global, cuantificando, si las hubiera, las emisiones de metano (CH₄), óxido nitroso (N₂O) y dióxido de carbono (CO₂). En Latinoamérica se han desarrollado estudios de ACV en el sector ganadero enfocados a sistemas productivos especializados de carne y leche (Dick et al 2015a, b; de Léis et al 2015; Ruviaro et al 2015; Becoña et al 2014; Nieto et al 2014; Picasso et al 2014; Rivera et al 2014; Modernel et al 2013; Álvarez-Chávez et al 2011; Cederberg et al 2011; Bartl et al 2011; Zaks et al 2009; Cederberg et al 2009). Por el contrario, los casos de implementación de medidas de mitigación de emisiones de GEI en los sistemas ganaderos son pocos, aunque en algunos casos se han obtenido reducciones de emisiones como resultado del desarrollo de proyectos cuyo objetivo principal es diferente a la mitigación del cambio climático (Hivos et al 2013).

Dada la actual importancia de esta temática, el presente artículo tiene como objetivo identificar las brechas de conocimiento en cuanto a (i) las políticas y normativas existentes en los países latinoamericanos enfocadas a disminución de emisiones de GEI en el sector ganadero; (ii) los mecanismos disponibles que pueden desarrollarlos países latinoamericanos con el fin de fomentar desarrollo de prácticas de mitigación de GEI y (iii) las experiencias existentes en la implementación de medidas de mitigación de GEI del sector ganadero en Latinoamérica.

Metodología

Se revisó la literatura existente, incluyendo artículos, documentos y proyectos desarrollados en el sector ganadero latinoamericano relacionados con políticas y normativas que fomentan la reducción de emisiones de GEI, estudios de ACV y casos de adopción de nuevas tecnologías y prácticas conducentes a la reducción de emisiones de GEI. Se buscaron artículos en las bases de datos derevistas indexadas Scopus, Science Direct, Scielo y Redalyc. Con el fin de obtener información relevante, se excluyeron (a) Documentos publicados antes del año 2000, pues en este año se registran los primeros estudios de ACV desarrollados en el sector ganadero y (b) Publicaciones en áreas del conocimiento que incluyeran ciencias adicionales a las agrarias y ambientales; posters; resúmenes y citas. Cómo parámetros para la búsqueda se utilizaron las diferentes palabras clave y conectores lógicos representados en la tabla 1.

También se consultaron los motores de búsqueda Google y Google Scholar utilizando las mismas palabras claves, conectores lógicos y restricciones mencionadas anteriormente. Adicionalmente,se incluyeron las bases de datos de las siguientes organizaciones y entidades:

Animal Change
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Banco Mundial
CAF Banco de Desarrollo de América Latina
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Climate Change Agriculture and Food Security (CCAFS)
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)
Center for International Forestry Research (CIFOR)
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
Ecofys
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN)
Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO)
Global Environment Facility (GEF)
Global Methane Initiative (GMI)
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV)
The Nature Conservancy (TNC)
US Environmental Protection Agency (EPA)

Debido a su alto contenido de documentos de interés, en las bases de datos del Banco Mundial, EPA, FAO, GEF, CIFOR y BID, se estableció un criterio de búsqueda basado en las siguientes palabras clave: Life Cycle Assessment, Life Cycle Analysis, Clean Development Mechanism, Livestock, Cattle, Mitigation actions, Mitigation measures, Mitigation options, REDD, REDD+. Las demás bases de datos fueron revisadas en su totalidad.

Si bien este enfoque puede haber excluido algunos artículos y estudios que no utilizaron estas palabras clave, se asume que se obtuvo la mayor parte de la literatura académica relevante a través de este proceso. También se excluyó de la búsqueda, artículos no revisados por pares, informes, literatura gris, capítulos de libros e informes de los medios de comunicación.

Finalmente y para facilidad del análisis, todos los estudios, artículos y documentos obtenidos fueron asignados a uno de tres grupos. En el primero se agruparon documentos relacionados con políticas públicas y normativas establecidas en los países latinoamericanos encaminadas a la reducción de las emisiones de GEI en el sector agricultura. En el segundo grupo se ubicaron los estudios de ACV desarrollados en sistemas ganaderos de Latinoamérica. Al tercer grupo fueron asignados los documentos relacionados con casos de implementación de nuevas tecnologías y adopción de medidas y acciones encaminadas a la reducción de emisiones de GEI en sistemas ganaderos.

Resultados

La búsqueda de artículos en Scopus, ScienceDirect, Scielo y Redalyc arrojó un total de 1728 documentos, de los cuales, dado su contenido de información, fueron seleccionados 32 de ellos. Las principales causas para el alto rechazo fueron: (i) El campo de estudio era diferente a agricultura o ganadería y (ii) El área donde se desarrolló el estudio era diferente a Latinoamérica. En la búsqueda en Google y Google Scholar, se revisaron las primeras 15 páginas de resultados que arrojó cada combinación de búsqueda, seleccionando 53 documentos para los propósitos de este estudio.

En la revisión bibliográfica de las bases de datos de organizaciones y entidades, se identificaron 54 documentos relacionados con agricultura y ganadería, 24 de los cuales habían sido también identificados en Google y Google Scholar. Los 115 documentos seleccionados se clasificaron entres grupos: (i) documentos relacionados con políticas públicas, normativas y mecanismos disponibles para fomentar la reducción de emisiones; (ii) reportes de estudios de ACV desarrollados en la ganadería latinoamericana y (iii) documentos sobre implementación de nuevas tecnologías y adopción de medidas y acciones encaminadas a la reducción de emisiones de GEI

Análisis de la información seleccionada

Las normativas (Leyes, Decretos, Actos Legislativos) y políticas en mitigación y adaptación al cambio climático de los países latinoamericanos se muestran en las tablas 2, 3, 4 y 5, en las que se presenta el marco normativo general establecido para mitigación y adaptación, las políticas para la fijación de precios del carbono, las políticas y normativas para los sectores responsables de las mayores emisiones de GEI: energía; uso del suelo, cambios de uso del suelo y silvicultura (LULUC por sus siglas en inglés); transporte y agricultura, así como las normativas y/o políticas que regulan actividadesde REDD+.

La tabla 2 muestra los países latinoamericanos con más de quince millones de cabezas de ganado vacuno (FAO 2013b). Brasil,el mayor productor ganadero en Latinoamérica, se destaca por tener un marco normativo para mitigación y adaptación, así como políticas y normativas para los principales sectores emisores de GEI. Colombia y México cuentan con marcos normativos generales, pero no poseen políticas o normativas para los sectores transporte y agricultura. Argentina, no tiene un marco normativo general para mitigación y adaptación, pero cuenta con políticas y normativas para casi todos los sectores responsables de las emisiones de GEI. Argentina con la “Resolución 120/11 Agricultura Inteligente” y Brasil con el “Plan de Agricultura Baja en Carbono (ABC)”, son los únicos países de este grupo que poseen políticas, normativas y programas de mitigación en el sector agrícola. México y Brasil, son los únicos dos países de este grupo que cuentan con avances para establecer legislación referente a REDD+.

En la tabla 3 se presentan los países con inventarios de ganado vacuno entre cinco y quince millones de animales (FAO 2013b). Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, cuentan con marcos normativos generales para mitigación y/o adaptación al cambio climático. Ecuador, Paraguay y Perú poseen políticas y normativas para la mayoría de los sectores responsables de las mayores emisiones de GEI, a excepción del sector agricultura. Uruguay tiene normativas y políticas para el sector energético, el cual incluye demanda energética y promoción de energías renovables, y para el sector transporte. Bolivia solamente cuenta con políticas y normativas enfocadas a la demanda energética. Venezuela no tiene establecido marco normativo general para mitigación y adaptación, ni políticas y normativas para los principales sectores emisores de GEI. Ecuador y Paraguay, son los únicos dos países de este grupo que cuentan con avances para establecer legislación referente a REDD+.

En la tabla 4 se presentan las normas para los países latinoamericanos con inventarios de ganado vacuno entre uno y cinco millones de animales (FAO 2013b). Chile, Costa Rica, Cuba, República Dominicana y Guatemala, cuentan con normativas y/o políticas generales para mitigación y adaptación al cambio climático, así como para el sector energético. Ninguno de estos países tiene normativas o políticas para el sector agrícola. En el sector transporte, solamente Costa Rica cuenta con legislación sobre la regulación de biocombustibles. Mientras que en el sector LULUC, República Dominicana es el único país que no posee marco normativo. Costa Rica es el único país de este grupo que cuentan con avances para establecer legislación referente a REDD+.

En la tabla 5 se encuentran los países con menos de un millón de cabezas de ganado vacuno (FAO 2013b). Belice, El Salvador, Guyana y Trinidad y Tobago cuentan con marcos normativos generales en mitigación y adaptación al cambio climático. En el sector energético, solamente Guyana no posee legislación. Guyana suscribió la “Estrategia Nacional de Adaptación para Direccionar el Cambio Climático en el sector Agricultura”, siendo así junto con Brasil y Argentina, los únicos en Latinoamérica con normativas y/o políticas en este sector. En el sector LULUC, todos estos países cuentan con marco normativo a excepción de El Salvador. En el sector transporte, Jamaica y Trinidad y Tobago son los únicos que cuentan con legislación.

Algunos países latinoamericanos han propuesto NAMAs para los principales sectores productivos emisores de GEI. En el sector energético se han presentado un total de doce, para el sector agrícola y transporte fueron presentadas cinco, mientras que para el sector LULUC se han presentado dos (PNUMA 2015b). En la tabla 6 se presentan las NAMAs y proyectos MDL que se han presentado por parte de los países latinoamericanos en el sector ganadero hasta julio de 2015

En la tabla 7 se muestran los estudios basados en ACV desarrollados en Latinoamérica para sistemas ganaderos. En esta tabla se indica el país, tipo de sistema productivo y autores de los estudios.

En la tabla 8 se presenta el número aproximado de proyectos piloto para REDD+ establecidos en diferentes países de América Latina, junto con el estado de la participación de cada país en los mecanismos internacionales de REDD+ como Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF por sus siglas en inglés), programa UN-REDD y el Programa de Inversión Forestal (FIP por sus siglas en inglés). Para el FCPF del Banco Mundial se presenta también el estado de la propuesta de preparación para REDD+. Para el programa UN-REDD de la FAO, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se indica la forma de participación de cada país. Para el Programa de Inversión Forestal (FIP por sus siglas en inglés) del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo (EBDR por sus siglas en inglés), el Banco Asiático para el Desarrollo (ADB por sus siglas en inglés) y el Banco Africano para el Desarrollo (AFDB por sus siglas en inglés), se indica el estado del plan de inversión de los países latinoamericanos participantes.

En la tabla 9 se presentan prácticas y proyectos de mitigación desarrollados en diferentes países latinoamericanos con el fin de reducir las emisiones de GEI en el sector ganadero.

Discusión

Dado el impacto ambiental del sector ganadero, es necesario aumentar el uso de herramientas de ACV ajustándose a las peculiaridades ambientales de cada país latinoamericano e identificando y cuantificando los impactos ambientales generados por grandes, medianos y pequeños productores. Esto es fundamental para la implementación de nuevas tecnologías, buenas prácticas ganaderas y medidas de mitigación de GEI, a fin que estos países cumplan los compromisos adquiridos en el Protocolo de Kyoto y se disminuya la carga ambiental del sector ganadero.

La mayoría de los países latinoamericanos cuentan con normas enfocadas a la mitigación y adaptación al cambio climático, al igual que políticas y normativas en temas de Energía Renovable, Uso del Suelo, Cambios de Uso del Suelo y Silvicultura (LULUC por sus siglas en inglés) y el Programa REDD+. Esto es congruente con los Inventarios Nacionales de Emisiones de GEI de estos países, que revelan que los sectores de mayor emisión de GEI son Energía, LULUC y Agricultura (incluye actividades agrícolas y ganaderas; Vicuña 2013). Sin embargo, estas normativas y políticas se centralizan en los módulos de Energía y LULUC y no se hace énfasis en el sector agrícola y ganadero, que por ejemplo en Colombia, es el segundo sector que más aporta emisiones de GEI (38%) al inventario nacional (IDEAM 2010).

Por su parte, las consideraciones legales de los últimos años en materia forestal en los países de América Latina son altas y en Brasil, Costa Rica, Ecuador, México y Paraguay existen políticas y normativas específicas para el programa de REDD+. Los demás países cuentan con normativas forestales que podrían servir como base para establecer dicho programa. Los diferentes países latinoamericanos deberán coordinar estas legislaciones establecidas en temas forestales, con la legislación existente para los sectores ambientales, agricultura y ordenamiento territorial con el fin de garantizar el éxito de futuras políticas REDD+. El número de proyectos piloto desarrollados en Latinoamérica durante la fase de preparación del mecanismo REDD+ son numerosos (Tabla 8). La implementación a pequeña escala de estos proyectos, permitirá identificar fortalezas y aspectos por mejorar cuando se desee escalarlos. Algunos proyectos piloto de REDD+, inclusive han llegado a la fase de pagos por resultados en mercados de carbono no UNFCCC (Sanhueza y Antonissen 2014). A nivel internacional existen iniciativas para apoyar a los países en vías de desarrollo en el diseño de los proyectos de REDD+ e incluyen el FCPF, UN-REDD y FIP quienes han financiado las fases de diseño y preparación del programa REDD+ de los países interesados.

Al evaluar el estado de avance de cada país en estos mecanismos internacionales, es importante destacar que la mayoría de los países han presentado propuestas de preparación para REDD+ aunque Costa Rica es el único que ha llegado a la fase final de pago por resultados con el FCPF. Brasil, Ecuador, Guatemala, México y Perú, son los únicos países participantes en el FIP. Fuera de estos procesos han estado Bolivia, Cuba, Paraguay y Venezuela, a pesar que en estos países se han desarrollado proyectos piloto de REDD+. Los desembolsos económicos se realizan una vez que las propuestas presentadas por cada país, son evaluadas y aprobadas. El desembolso de la financiación de REDD+ utiliza fondos nacionales e internacionales, programas bilaterales e incentivos directos del sector privado para canalizar la financiación de REDD+ a los países y a los beneficiarios finales en cada país (Angelsen et al 2013). Si bien ya se han realizado desembolsos, estos parecen ser inferiores en buena medida a lo que se estima requieren los países para el desarrollo del proyecto REDD+. Gran parte de los presupuestos aprobados aún no se han desembolsado,debido a que algunos fondos, como el de Noruega, son para pagos por resultados, por lo cual los países no reciben dinero hasta que puedan demostrar reducciones de emisiones. Esto indica que el financiamiento de las fases preparatorias de los proyectos no está contemplado por dichos fondos (Sanhueza y Antonissen 2014).

Aunque la mayoría de los países latinoamericanos poseen un marco legal importante en el tema forestal demostrando interés en fomentar la conservación y sostenibilidad de los bosques y han participado en los mecanismos internacionales para la elaboración de estrategias de REDD+, la falta de recursos financieros suficientes parece ser un obstáculo para llevar a cabo las diferentes etapas de REDD+. Otras barreras para el flujo de la financiación son la ineficiencia en las organizaciones intermediarias, la falta de capacidad de absorción de los fondos y las dificultades iniciales, aspectos normales en un periodo de aprendizaje (Proyecto de Bosques Tropicales del Príncipe Carlos 2011). Es poco probable que REDD+ pueda aportar financiación directa para reducciones rápidas y baratas de las emisiones, pero proporciona una oportunidad importante para que los países aborden las causas estructurales de la deforestación y comiencen un proceso de cambio transformador en que se tengan en cuenta los recursos forestales (Angelsen et al 2010). Por lo tanto el éxito de REDD+ dependerá de la existencia de políticas e instituciones nacionales capaces de lograr reducciones de emisiones gran escala de forma efectiva, eficiente y equitativa.

Las dos principales fuentes de emisión del sector ganadero de leche, carne y doble propósito, son la fermentación entérica y el manejo de estiércol (Wiedemann 2015; O'Brien et al 2014). Para lograr reducciones importantes de GEI generados por estas fuentes, en algunos estudios se han identificado diferentes prácticas de mitigación de emisiones (Hristov et al 2013). Una de estas prácticas son los sistemas de biodigestión anaerobia, los cuales utilizan el estiércol de los rumiantes para la generación de biogás, reduciendo así las emisiones de metano (CH₄) el cual posee un potencial de calentamiento global 23 veces más alto que el CO₂ (EPA 2006; Anders 2007). La implementación de biodigestores anaerobios pueden ser considerados como proyectos MDL al existir la metodología aprobada por la junta ejecutiva del MDL “Recuperación de Metano en Sistemas de Manejo de Excretas Animales”, que permite verificar la reducción de emisiones(BID 2011).

Las prácticas para reducir las emisiones entéricas de metano están relacionadas con el consumo de alimento, composición de la dieta, digestibilidad del alimento, procesamiento previo del alimento y frecuencia de alimentación (Rivera et al 2014). Sin embargo, no existen metodologías aprobadas por la junta ejecutiva del MDL que permitan verificar la reducción de emisiones de GEI asociadas a la adopción de estas prácticas y por lo tanto no podrían ser consideradas como proyectos MDL (IDEAM 2010). En la tabla 6 se puede observar la baja implementación de los MDL en el sector de ganadería bovina, donde solamente se han presentado en México tres proyectos de biodigestión anaerobia para el manejo de estiércol. La baja adopción de estos mecanismos para el sector ganadero en Latinoamérica pudo haber sido influenciado por el vacío en normatividad y políticas relacionadas con la mitigación de GEI y adaptación al cambio climático en el sector ganadero, sumado a la ausencia de metodologías que permitan presentar proyectos MDL encaminados a la reducción de emisiones por fermentación entérica. Adicionalmente los altos costos de implementación de los MDL (Diaz et al 2007) los cuales pueden oscilar entre 125 mil y 500 mil dólares según el tipo y escala de los proyectos (Tudela 2014), y la caída del precio de los Certificados de Reducción de Emisiones (CREs), pudo también haber conllevado a la baja adopción de los MDL en este sector.

A julio de 2015 en Latinoamérica se han registrado un total de 24 NAMAs para los sectores de Energía, LULUC, Agricultura y Transporte (PNUMA 2015b). En el sector agropecuario, se registró un total de cinco NAMAs, tres de las cuales en el sector ganadero bovino. Es importante indicar que en algunos países se están desarrollando y poniendo en práctica NAMAs, que no han sido aún registradas ante el Secretariado de la CMNUCC (Ecofys 2015). En la base de datos desarrollada por Ecofys (2015), se reconocen para el sector ganadero latinoamericano 2 NAMAs adicionales a las reportadas por la CMNUCC, una en Honduras y otra en Nicaragua. En la tabla 6 se observa que Brasil, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Uruguay son los países latinoamericanos que han desarrollado el concepto de NAMAs para el sector ganadero. Las NAMAs, son por lo tanto un mecanismo importante para establecer acciones de mitigación para la ganadería, las cuales se han implementado en mayor cantidad que los MDL. Posiblemente los altos costos de implementación y de transacción de los MDL, la exigencia de metodologías aprobadas por la junta ejecutiva del MDL para poder desarrollar este tipo de proyectos y la caída el precio de los Certificados de Reducción de Emisiones (CREs), conllevan a una menor adopción de este tipo de proyectos en comparación con las NAMAs.

A la fecha, en Latinoamérica se han publicado 14 estudios de ACV en el sector ganadero, tres en sistemas de lechería especializados y diez en sistemas productivos de carne (Tabla 7). Argentina, Colombia, México y Perú cuentan con un estudio, Uruguay con tres y Brasil con siete. Concomitantemente, el Plan de Agricultura Baja en Carbono (ABC) de Brasil es el único programa latinoamericano de mitigación al cambio climático específico para el sector agropecuario y tiene por objetivos reducir las emisión de gases de efecto invernadero provenientes de las actividades agropecuarias, reducir la deforestación, aumentar la producción agropecuaria en bases sustentables, adecuar las propiedades rurales a la legislación ambiental, ampliar el área de bosques cultivados y estimular la recuperación de áreas degradadas. Programas de este tipo, han fomentado el desarrollo y se han basado en el uso de estudios de ACV como una herramienta valiosa para apoyar el proceso de toma de decisiones en el establecimiento de políticas gubernamentales adecuadas y opciones tecnológicas en el sector ganadero (Ruviaro et al 2012). El mayor número de publicaciones de ACV de la ganadería brasilera con respecto a Latinoamérica, demuestra la relevancia que tiene este sector para el país y la preocupación con respecto a cómo sus impactos ambientales pueden afectar el acceso a mercados internacionales (Ruviaro et al 2012). Las ausencia de políticas, normativas y programas enfocados a mitigación y adaptación al cambio climático en el sector agrícola en el resto de Latinoamérica, influencia el bajo uso de herramientas como el ACV para visualizar alternativas de mitigación en el sector ganadero.

En América Latina existen ejemplos de proyectos (Tabla 9) desarrollados en el ámbito de la ganadería, que permiten lograr reducciones importantes en las emisiones de GEI. Dentro de los proyectos implementados están los sistemas de biodigestión anaerobia y los sistemas silvopastoriles. Los sistemas de biodigestión anaerobia están enfocados al manejo de estiércol, fuente importante de GEI, pero han tenido baja implementación como proyectos MDL para sistemas ganaderos. Se han desarrollado diferentes proyectos con familias campesinas para mejorar la condición y calidad de vida, estimular el desarrollo sustentable de la ganadería y aumentar la producción de alimentos agrícolas (Martí-Herrero et al 2014). Se identificó un total de 16 de estos proyectos desarrollados en Latinoamérica aunque es importante anotar que pueden existir más de estos proyectos que no han sido reportados en la literatura. Si bien dentro de los objetivos de los proyectos no estaba reducir emisiones de GEI y mitigar el cambio climático, estos beneficios se plantearon como ventajas adicionales que se logran con los sistemas de biodigestión.

Todos los proyectos de biodigestión reportados, son casos aislados que no han sido articulados a ningún programa de mitigación y adaptación al cambio climático en los países donde se desarrollaron. Martí-Herrero et al (2014) indicaron que los sistemas de biodigestión involucran aspectos como energía (generación de biogás), ambiente (reducción en la deforestación y tratamiento de residuos), salud (reducción de enfermedades respiratorias debido al uso de leña para elaboración de alimentos), producción (fertilizante natural biol) y género (disminución de la carga de trabajo por recolección de leña). Por lo tanto se transforman en una herramienta que puede integrarse a diferentes proyectos en sectores como energía, gestión de residuos, manejo de cuencas, responsabilidad social y mitigación y adaptación al cambio climático. Esto podría ser aprovechado para desarrollar políticas de mitigación de GEI que involucren diferentes sectores y convertirse en una posibilidad para articular al sector ganadero con los sectores Energéticos (Mantilla González et al 2007) y LULUC (Pacheco et al 2012), los cuales poseen un marco de políticas más amplio en el tema de mitigación y adaptación al cambio climático.

Los sistemas silvopastoriles (SSP), combinan árboles, arbustos, gramíneas forrajeras y ganado con el fin de reducir significativamente las temperaturas extremas, mejorar la producción de leche y carne y la rentabilidad ganadera, al ejecutar esta actividad simultáneamente con la generación de bienes como la producción de madera y frutos, la generación de servicios ambientales, la conservación de la flora y la fauna silvestre, la regulación y calidad hídrica en cuencas hidrográficas y la captura de carbono atmosférico (Murgueitio et al 2014). La contribución de los SSP a la mitigación del cambio climático ha sido validada en los estudios de Molina et al (2013); Molina et al (2015 a, b, c); y Naranjo et al (2012). Se identificaron 14 casos de estudio y proyectos de implementación de SSP (Tabla 9), aunque existen más casos de implementación de SSP no reportados en la literatura. Debido a los beneficios que generan estos sistemas, desde hace algún tiempo en diversos programas y proyectos privados, públicos y de cooperación internacional, se evalúan y aplican mecanismos de incentivos para su adopción (Murgueitio 2009). Estos incentivos comprenden donaciones de árboles y arbustos forrajeros, insumos y subsidios a la mano de obra, exoneraciones de impuestos, financiación de asistencia técnica y extensión silvopastoril, pagos por servicios ambientales (PSA) y créditos de fomento silvopastoril. Se hace necesario lograr una adopción importante de los SSP en América Latina, para lo cual se requiere una acción conjunta entre gobiernos, productores, consumidores y sector privado. Los incentivos, que incluyen instrumentos de política pública, son importantes para lograr la implementación a gran escala de este tipo de proyectos (Murgueitio 2009). Estos incentivos son una herramienta clave para que productores puedan acceder a proyectos que fomenten la implementación de SSP, que además de generar beneficios a los ganaderos en temas de productividad, generan beneficios ambientales.

Los PSA han proliferado en muchos países en vías de desarrollo como mecanismo para reducir la deforestación y degradación de los bosques (Landell-Mills y Porras 2002; Porras et al 2008). Son pocas la evaluaciones formales de los esquemas PSA, pero cuando son bien diseñados, pueden contribuir a la conservación eficiente, costo-efectiva y equitativa (Wunder et al 2008). La condicionalidad es la característica clave de los PSA: los pagos solo se realizan si el proveedor del servicio garantiza la provisión del servicio ambiental (Angelsen et al 2013). Los esquemas PSA incorporan controles directos y buscan equilibrio entre el bienestar y la equidad, ya que si la población local se siente desfavorecida en un arreglo de conservación, posiblemente decida no participar. En un principio, la visión de REDD+ era un sistema PSA a múltiples niveles(Angelsen y Wertz-Kanounnikoff 2008) y fue concebido como un sistema de transferencias internacionales para reducir las emisiones causadas por la deforestación y la degradación de bosques. Los criterios de REDD+ son similares a los criterios que definen al PSA: los servicios de carbono son voluntarios, condicionales y definidos por indicadores de conservación forestal y sus servicios de carbono (Angelsen et al 2013). Sin embargo existe la necesidad que REDD+ vaya más allá del PSA para abarcar diferentes políticas, las cuales podrían incluirla promoción de la optimización del uso de la tierra desde una perspectiva económica, social y tecnológica. Esto mediante: i) aportación de una compensación adecuada para usos encaminados a la conservación y la expansión de los bosques; ii) desincentivación de la tala de bosques en zonas de elevado valor ecológico; e iii) incentivación del aumento de la producción en tierras no forestales, incluyendo tierras degradadas, como parte de unos procesos más amplios de intensificación y apoyo a la pequeña agricultura (Angelsen et al 2010; 2013). Por lo tanto, teniendo en cuenta que la agricultura y la ganadería son los principales conductores de deforestación, es importante la integración de las agendas de agricultura y silvicultura y la inclusión de REDD+ en la planificación de un desarrollo bajo en carbono en los diferentes países latinoamericanos.

Conclusiones

De acuerdo con la información encontrada mediante los criterios de búsqueda establecidos y teniendo en cuenta las exclusiones realizadas en dicha búsqueda, es posible concluir lo siguiente:

• La mayoría de países latinoamericanos, con excepción de Brasil y Argentina, no cuentan con Políticas, Normativas o Programas de mitigación y adaptación al cambio climático específicos para el sector agropecuario, que son fundamentales para fomentar el desarrollo de acciones de mitigación de GEI en el sector ganadero.
  
  
• Tanto los MDL como las NAMAs permiten el desarrollo de prácticas de mitigación de GEI. Los MDL a pesar de ser un concepto más antiguo, se han desarrollado en menor cantidad que las NAMAs, posiblemente por los altos costos e implementación y de transacción, la exigencia de metodologías aprobadas por la junta ejecutiva del MDL para poder desarrollar este tipo de proyectos y la caída el precio de los CREs.
  
  
• El marco normativo para el sector LULUC en la región latinoamericana es variado y se han logrado avances importantes en los últimos años, lo cual evidencia interés gubernamental en desarrollar esfuerzos internos para fomentar la reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques.
  
  
• Existe voluntad de los países latinoamericanos por ser parte activa de los mecanismos internacionales para de REDD+, sin embargo la disponibilidad de recursos financieros es un obstáculo para el desarrollo de proyectos de este tipo.
  
  
• Las experiencias obtenidas en los países en vías de desarrollo en la implementación de PSA deben ser utilizadas para identificar las fortalezas y debilidades de estos proyectos, lo cual servirá como línea base para el desarrollo de proyectos REDD+.
  
  
• En Latinoamérica, la aplicación de la metodología del ACV en el campo de la ganadería es muy baja, debido posiblemente a la ausencia de Políticas, Normativas y Programas que fomenten la utilización de este tipo de herramientas.
  
  
• Diferentes países latinoamericanos han desarrollado proyectos que permiten lograr disminución de emisiones de GEI en la ganadería. Sin embargo, estos no han sido aún articulados a los programas de mitigación y adaptación al cambio climático de cada país. Articular al sector Ganadero con los sectores Energía y LULUC, que poseen un marco de políticas más amplio en el tema de mitigación y adaptación al cambio climático, es una posibilidad importante para desarrollar acciones de reducción de emisiones de GEI.

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Received 15 October 2015; Accepted 26 November 2015; Published 1 December 2015

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